Vol.7 No.1 (2023): Journal Scientific Investigar ISSN: 2588–0659
https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.1.2023.1244-1266
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Violation of the right to defense in the imposition of fines captured by
technological means of photocontrol of the Transit Commission of the
Province of Azuay.
Violación del derecho a la defensa por imposición de multas, captados en
medios tecnológicos de fotocontrol de la Comisión de Tránsito de la
Provincia del Azuay.
Autores:
Véliz Álvarez, Diana Alexandra
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
Maestrante de Derecho Administrativo, Mención Contratación Publica
Cuenca - Ecuador
diana.veliz.91@stu.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-8516-9427
Vázquez Martínez, David Sebastián
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
Tutor
Cuenca - Ecuador
david.vazquez@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-7430-0351
Citación/como citar este artículo: Véliz-Álvarez, Diana Alexandra y Vázquez-Martínez, David Sebastián. (2023).
Violación del derecho a la defensa por imposición de multas, captados en medios tecnológicos de fotocontrol de la
Comisión de Tránsito de la Provincia del Azuay
.
MQRInvestigar, 7(1), 1244-1266.
https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.1.2023.1244-1266
Fechas de recepción: 08-ENE-2023 aceptación:24-ENE-2023 publicación: 15-MAR-2023
https://orcid.org/0000-0002-8695-5005
http://mqrinvestigar.com/
Vol.7 No.1 (2023): Journal Scientific Investigar ISSN: 2588–0659
https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.1.2023.1244-1266
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Resumen
Los actos emitidos por las autoridades deben notificarse de manera formal al administrado
para que conozca la falta que cometió, más cuando acarrea imposiciones económicas, su
inobservancia viola elementos de seguridad jurídica y de legalidad, de esta forma resulta nulo
y por ende no puede generar efectos. El objetivo es determinar si existe violación al derecho
a la defensa en la notificación de los actos emitidos por la “Comisión de Tránsito del
Ecuador”, específicamente en las citaciones y precisar si al administrado se le ha otorgado la
posibilidad de ejercer una garantía mínima constitucional.
La investigación se realizó de tipo mixta en la que se enfatizó el cualitativo, se aplicó el
método analítico-sintético y método inductivo-deductivo que permitió el razonamiento para
establecer generalizaciones respecto a la problemática, información del análisis de las
sentencias del mes de febrero a abril de 2021 en la ciudad de Cuenca.
Tiene como resultado, la existencia de la violación del derecho a la defensa en la imposición
de multas captadas por medios tecnológicos de fotocontrol, a pesar que el máximo órgano
interpretador de normas del Ecuador en junio de 2019 ha emitido criterio vinculante, la
administración pública sigue actuando en contraposición de la misma.
Debe realizarse la vinculación de un único sistema a nivel nacional a ser alimentada por todo
el ente de control de tránsito y entidades públicas con firma de declaración de datos, en la
licencia y matrícula constará el email a notificar y la notificación cumplirá con los requisitos
exigidos en la ley.
Palabras claves: Derecho a la defensa, Debido proceso, Administración de Justicia,
Indefensión de los administrados, Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Abstract
The act issued by the authorities must be formally notified to the administrator so that he
knows the fault he committed, more when it entails economic imposition, its non-observance
violates the principles of legal security and legality, being null it cannot generate effects. The
objective is to determine if there is a violation of the right to defense in the notification of the
acts issued by the “Ecuador Traffic Commission”, specifically in the citations and to specify
if the administrator has been granted the possibility of exercising a minimum constitutional
guarantee. The research was of a mixed type with an emphasis on the qualitative, the
analytical-synthetic method and the inductive-deductive method were applied, which
allowed the reasoning to establish generalizations regarding the problem, information from
the analysis of the sentences from January to March 2021 in the city of Cuenca.
A result, the existence of the violation of the right to defense in the imposition of fines
captured by technological means of photo control, despite the fact that the Constitutional
Court of Ecuador on June 4, 2019 has issued a binding criterion the Public Administration
continues to act in opposition. The linking of a single system at the national level must be
carried out to be fed by all traffic control entities and public entities with signature of data
declaration, in the license and registration the email to be notified will appear and the
notification will comply with the required requirements. In the law.
Keywords: Right to defense, Due process, Administration of justice, Defenselessness of
those administered, Universal Declaration of Human Rights.
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Introducción
El presente artículo tiene como fundamento el análisis de las violaciones al derecho a la
defensa emitidos en actos administrativos dictados por la “Comisión de Tránsito del
Ecuador”, específicamente en la citaciones emitidas por Fotoradares, comunicadas y
consignadas en un sistema electrónico pública de la Agencia Nacional de Tránsito, actos
administrativos que se fundamenta en supuestas infracciones que son captados por medios
tecnológicos infracciones que denota como problema central, que acarrea la imposición de
una sanción económica a los administrados sin otorgar la posibilidad de ejercer una garantía
mínima legal esto es el derecho a la defensa, en otras palabras la inobservancia de la
administración a principios básicos, para lo cual citaremos sentencias dictadas:
Según la Sentencia No. 71-14-CN/19 menciona que:
“Todo acto emitido por la Administración pública goza de legalidad y legitimidad;
por ende, debe cumplir con formalidades condicionadas, debiendo observar
principios rectores establecidos en todas las materias del ámbito del derecho; estos
principios normativos constituyen lo que denominamos “debido proceso” y cualquier
inobservancia constituye violación al derecho a la defensa de los administrados.”
Este principio tiene su origen al ser parte de los derechos inherentes al ser humano y
nace en Roma, nuestro país al ser miembro de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, acogiendo este criterio lo ha plasmado en nuestra Constitución
como el derecho a ser escuchado en el momento oportuno.” (Sentencia No. 2695-16-
EP/21, 2021).
Por lo tanto, responde a la obligación y responsabilidad de quien actúa como
funcionario público, debe comunicar mediante un acto formal, que se denomina “acto de
notificación” así, quien se encuentre acusado de un acto atípico o antijurídico, tendrá la
certeza de saber que falta punitiva cometió o de que se le acusa, de omitirse dicho acto
cualquier actuación resulta nula por ser inconstitucional, conocedores que de forma expresa
nuestra Carta Magna determina que “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido
de los derechos ni de garantías constitucionales”. (Constitución de la República del Ecuador,
2008).
Por otra parte, la Sentencia No. 71-14-CN/19, indica que la imposición de una sanción
económica sin acto de notificación o que existiendo no contenga los elementos
constituyentes, o las exigencias mínimas establecidas en la Ley especial que rige a la
movilidad a nivel nacional, atenta al principio de presunción de inocencia, de seguridad
jurídica y de legalidad, al dejar en indefensión al presunto infractor, puesto que denotaría en
una actuación discrecional y que obliga al administrado acudir a la vía Judicial para practicar
el derecho a objetar (Londoño et al., 2016), o su derecho al doble conforme incurriendo en
gastos de patrocinio.
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Según la Constitución de la República del Ecuador, (2008) consagra como garantía
del derecho a la defensa, al debido proceso, a ser escuchado, a garantías propias del principio
de inocencia, normas rectoras consagradas de los Derechos Humanos, por lo que toda
actuación debe observar de manera obligatoria estos principios solo ahí se puede hablar de
certeza y confianza jurídica, no solo como un procedimiento administrativo (independiente
del acto que comunica a los administrados), sino como condición de eficacia de los actos
administrativos.
La Comisión de Tránsito del Ecuador, actúa inobservando la normativa y las garantías
constitucionales, imponiendo una multa económica al presunto infractor sin una notificación
previa violentado así el debido proceso, el derecho a una defensa y principio de inocencia.
DESARROLLO
Contexto jurídico de la tipificación de multas detectadas por fotocontrol.
El estado Ecuatoriano como un medio de prevención de accidentes de tránsito ha
implementado medios tecnológicos para detectar a los infractores en contravenciones, el fin
es proteger la integridad de las personas y eliminar accidentes de tránsito causados por
exceder la velocidad permitida en la ley, en armonía del derecho de la población a vivir en
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
y ha otorgado competencias exclusivas para planificar regular y controlar el tránsito dentro
de su territorio en observancia de principios de obligatoriedad, generalidad, eficiencia,
responsabilidad, y calidad (Morales Aguirre, 2021).
Colocándose bajo esta pretensión fotoradares en las ciudades, estableciendo las
velocidades permitidas en el Art. 191 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial, (2016), la sanción es aplicada al dueño del vehículo como presunto infractor
y es de índole económico.
Mediante la emisión de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad
Vial, de fecha 7 de agosto del 2008, se norma por primera vez las sanciones producto de
contravenciones denunciadas por medios tecnológicos y electrónicos, y con ello se regula los
términos para realizar la impugnación de la misma (artículo 179).
Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha procesado bajo ningún cuerpo legal la
forma en la que deben cumplirse los procesos internos inherentes a ventilar el debido proceso,
se presumía que con el origen del Código Orgánico Administrativo en el año 2017, el
accionar de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la Provincia del Azuay se enmarcaría en
esta normativa para la emisión de la sanción (multa). Es importante dar a conocer algunas
definiciones importantes sobre el tema:
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Fotoradar, es el aparato electrónico conformado por un sensor, que captura con una
cámara fotografías a la placa de los automotores que infringen normas de tránsito por exceso
de velocidad.
Medios tecnológicos, es el aparato electrónico, mediante el cual se asegura la
respectiva notificación de la falta cometida, y los elementos habilitantes que la conforman,
este debe estar homologado para determinar que es idóneo para la comunicación, debería
consignar el “acuse de recibo” por parte de quien lo administra, siendo esta la constancia de
la transmisión y de la recepción.
La Citación acorde al artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, “el acto
por el cual se hace conocer al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una
diligencia preparatoria”, y el inciso 1 del número 3 del artículo 55 habla de la citación emitida
de forma electrónica y dispone:
“La citación telemática se realizará con el envío de tres boletas de citación al
demandado, en tres días distintos, desde la cuenta institucional del actuario de la
judicatura. A la citación por correo electrónico se adjuntará la demanda o la petición
de una diligencia preparatoria y las providencias recaídas en ellas.” (p. 25)
Todo pronunciamiento de las entidades públicas concluye con un acto administrativo
en firme, puesto que existe una obligación por parte del órgano competente y cuyo concepto
se encuentra emitido por el Código Orgánico Administrativo, siendo
“la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función
administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se
agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio
documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo, y
que previo a resolver debe darse al administrado la facultad de contradecir la misma
y avocar de que se le acusa.” (p. 72)
La Impugnación es la actividad que realizan las partes tendientes a eliminar o
remover una desventaja, causada por una decisión judicial, mediante su modificación o
eliminación por ser equivocada o inválida, en razón de adolecer de errores de hecho o de
derecho, de vicios formales” (Rua, 1991, p. 97). Otro concepto que sobre la impugnación
manifiesta de acuerdo a tratadistas:
“Son los recursos de los actos procesales, también se lo define así “una vez realizado
el acto, la parte agraviada por él, tiene dentro de los límites que la ley confiere,
poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual
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modificación (…). Recurso, quiere decir literalmente, regreso al punto de partida.”
(Vaca Andrade, 2014, p. 59).
Por consiguiente, la presunción de inocencia garantiza que el estado no podrá
considerar a una persona sin haber agotado los mecanismos necesarios para demostrar su
culpabilidad de manera clara y con las pruebas obtenidas bajo la ley, es decir el estado deberá
probar los hechos de los cuales acusa, por consiguiente, este principio garantiza a las personas
su derecho a no ser sancionado sin prueba alguna.
La presunción de inocencia que es un derecho humano contenido en el Art. 76.2 de
la norma suprema del Ecuador, Art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
en el Art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Art.
14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, en el Art. 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que requiere de
prueba plena para eliminar los elementos protectores de este derecho fundamental. (Principio
Procesal de Inocencia).
Esta entidad pública, al tener potestad sancionadora regulada en el COIP (2014), la
que durante un largo período ha ocasionado confusión, puesto que se la sancionaba de
conformidad al artículo 389 del COIP, pudiendo escogerse el numeral 1 o el numeral 6,
sanción que consiste en multa del 30% de un sueldo básico y rebaja de 6 puntos en la licencia;
en lo que procede al numeral 1 tipifica así : “al conductor que desobedezca las órdenes de
Agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos Agentes”.
En virtud de lo expuesto, se refiere en general, a toda la señalización colocada en las
vías blicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia, mientras que en
el Art 389 numeral 6 del COIP, sanciona así: “la o el conductor que con un vehículo
automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos de
conformidad con los reglamentos de tránsito correspondiente” criterio que acogido por los
entidades de movilidad (Comisión de tránsito del Ecuador –Empresa Pública de Movilidad
tránsito y Transporte de la ciudad de Cuenca), la sanción quedaba a título discrecional de la
entidad Pública y se empieza a unificar los criterios en las entidades de movilidad y sedes
judiciales ante la consulta realizada por uno de los Jueces de la ciudad de Cuenca resuelto el
07 de julio de 2020 .
En el año 2019, se declara la “constitucionalidad condicionada” del Reglamento de
la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en adelante LOTTTSV;
es decir, que de no cumplir con lo dispuesto como formalidades carece de validez
exclusivamente al artículo 238 ibídem, y dispone la interpretación debe realizarse, siendo los
Jueces de la Corte Constitucional (Ávila, Grijalva, Lozada, & Marín Salazar, 2020) ,que
mediante voto concurrente, en fecha 18 de Noviembre del 2020, indican:
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“En suma, ante un conflicto o colisión entre normas constitucionales e infra
constitucionales, las juezas y jueces están en la posibilidad de aplicar directamente la
Constitución o de elevar la consulta ante la Corte Constitucional, lo que dependerá
de la complejidad del conflicto bajo su conocimiento. (párr.25)
Resolviendo que en casos de conflicto entre una regla constitucional y una infra
constitucional, la respuesta es la aplicación directa de la Constitución, por ser la norma
suprema (Sentencia No. 1116-13-EP/20, dentro del caso 1116-13-EP).
El Inciso Primero, del Artículo 238 enunciado, no puede estar por encima del artículo
389 del COIP, únicamente una Ley, puede tipificar y sancionar infracciones, aquí el
Reglamento tipifica y sanciona las infracciones captadas por medios tecnológicos y
dispositivos electrónicos (fotoradar), por exceso de velocidad.
La Notificación y el Principio de Eficacia del Acto Administrativo
Es el acto que expresa a las partes una “resolución administrativa”, un “Acto
Administrativo”, mediante el cual se inicia proceso, para tramitarlo y llegar a una conclusión,
es decir , uno es el efecto del acto que se notifica y distinto el del acto de notificación
(Chorres, 2009).
En parte se menciona que la notificación es el mecanismo usado en el proceso
administrativo dirigido a quienes interese los actos emitidos por las entidades que forman
parte de la Administración Pública. (Ponce & Muñoz, 2018). De lo expuesto se tiene que
resultaría la actuación material y no un acto administrativo, y este es válido sólo si contiene
los elementos establecidos en la ley, pero no produce efectos o no cumple el principio
administrativo de eficacia mientras no se notifica, porque es un acto solemne y formal.
Tiene el objetivo de hacer de conocimiento del interesado los alcances y consecuencia
jurídica del acto comunicado; en este sentido toda notificación debe ser lo suficientemente
clara y específica, por lo tanto, es oportuna la indicación de tales requisitos.
Para Rojas, se ha normado a fin que en la notificación no solo se a conocer una
resolución administrativa, sino del trámite a seguirse, dentro del procedimiento, debe ser
rápidos y sencillos el COA no denomina como principio de celeridad y Economía Procesal.
El presente estudio tiene como objetivo el análisis de las violación al derecho a la
defensa emitidos en actos administrativos dictados por la “Comisión de Tránsito del
Ecuador”, específicamente en la citaciones comunicadas y consignadas en sistemas
electrónico diversos ( AXIS de la Agencia Nacional de Tránsito y de la Comisión de
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Tránsito), actos administrativos que se fundamentan en supuestas infracciones que son
captados por medios tecnológicos y cuya información recabada para el análisis corresponde
al periodo de febrero a abril de 2021, del cual denota como problema central la imposición
de una sanción económica a los administrados sin otorgar la posibilidad de ejercer una
garantía mínima legal esto es el derecho a la defensa, en otras palabras la inobservancia de
la administración a principios básicos, originado por la inexistencia de la constancia objetiva
de la notificación.
La notificación es el proceso mediante el que se comunica a 1 o más personas un acto
determinado o mo ha de desenvolverse el procedimiento, del que quedará constancia en el
expediente, concordante con el principio de publicidad y resulta aplicable para que los actos
administrativos gocen de certeza, así como que se acredita el conocimiento por parte del
administrado al que está dirigido o al que afecta (Cabrera, 2005).
El Art 164 del COA (2017), lo define de la siguiente manera:
“Es el acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto
indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las
personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. La notificación de
la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por
boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. La notificación de
las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio,
físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su
contenido.” (p. 36)
Ante la cantidad de casos, el máximo órgano interpretador de normas ecuatorianas ha
procedido a declarar la constitucionalidad condicionada del Art. 238 del Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2016);
con el que se presumiría que quedaría subsanado el inconveniente; sin embargo, es notorio
que hasta la presente fecha se mantiene dichas irregularidades, puesto que se hace caso omiso
a los dispuesto siendo el texto redactado así:
“.. Si se detectare una contravención de tránsito mediante una herramienta
tecnológica y si no fuera posible determinar la identidad del conductor, la autoridad
de tránsito competente estará en la obligación de notificar con la citación al
propietario del vehículo, a través de los medios más efectivos y adecuados con la
finalidad que ejerza su derecho a la defensa; ii. En ningún caso se impondrá la sanción
pecuniaria al propietario del vehículo, sin que previamente haya sido notificado con
la citación y haya tenido la posibilidad de presentar su impugnación en ejercicio de
su derecho a la defensa; y, iii. El término de tres días para que el propietario del
vehículo presente la impugnación, será contado a partir del momento en que se realizó
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efectivamente la notificación, la cual no se verifica por la sola difusión de la citación
en una página web. Los órganos judiciales que conozcan las impugnaciones,
únicamente podrán declararlas extemporáneas luego de verificar la fecha de
notificación, aspecto que deberá ser demostrado por la autoridad de tránsito, en
calidad de organismo obligado a notificar oportuna y efectivamente todas las
citaciones.” (Sentencia No. 71-14-CN/19, 2019)
Es necesario conocer la causa principal, por la que la mayoría de los actos
administrativos contenidos en una boleta de citación y emitidos por la Comisión de Tránsito,
carecen de eficacia, por lo que la pertinencia de este estudio se basará en los errores que se
originan por la inobservancia e imposibilidad de defensa de los administrados, con las leyes
generales implican que no existe distinción, ni discrepancias en la aplicación de la norma, es
necesario unificar los criterios de notificación por respeto al ser humano, su dignidad y su
principio de inocencia, no me refiero a la existencia de la infracción, sino a la inobservancia
del proceso de notificación idóneo, corrigiendo la notificación se cumple el fin del Estado
esto es “la justicia”, que hasta ahora resulta rezagada por un error en los proceso
administrativos seguidos por esta entidad de tránsito.
Inobservancia del principio de legalidad y la emisión de la sanción, violación de la
presunción de inocencia del Administrado
Los actos emitido por la Administración pública goza de legalidad y legitimidad ,
presumiéndose que la infracción detectada mediante medios electrónicos debe ser notificada
por el Vigilante de Tránsito de la entidad con potestad sancionatoria y la que por su
jurisdicción y competencia conoce la misma, sin embargo es al revisar la plataforma de la
Agencia Nacional de Tránsito que se evidencia establecida una multa que se le imputa por
exceso de velocidad; es decir, que la persona inculpada conoce recién una sanción al sacar
un turno para acceder a la licencia o matriculación y, al avocar el conocimiento de la misma
aunque sea de manera informal, la sanción ya se encuentra en firme, se entiende efectiva y
válida por lo que no cabe ningún proceso de índole administrativo, más que el judicial para
que se ratifique nuestra inocencia.
Toda responsabilidad que la administración considere inobservada por las personas,
debe cumplir con formalidades condicionadas, puesto que es el Estado y sus dependencias
quienes son los llamados y deben garantizar el respeto a principios fundamentales definidos
como garantías del debido proceso, normativa de obligatorio para quienes ejercen un cargo
público, la inobservancias de dichas formalidades recaen en discrecionalidad.
La finalidad de un proceso sancionatorio consiste en la investigación de índole
administrativa mediante el cual se desvirtuará a priori la denominada “presunción de
inocencia“, y cuyo fundamento radica en que todos debemos ser tratados como tal, mientras
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no exista sentencia en firme, empero de ello, por costumbre procesal y en inobservancia de
derechos inherentes al ser humano, se emite a sanción sin existir expediente ni investigación
previa; es decir, no existe proceso.
Se supone por principio de legalidad, que para sancionar a una persona se debe llegar
únicamente con los aportes probatorios, ello de conformidad con lo previsto en el principio
que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, este principio se encuentra
conocido como “Duda a favor del reo” que implica que para emitir una sentencia
condenatoria, se tiene el convencimiento de la culpabilidad de la persona procesada, más allá
de toda duda razonable así:
“la presunción de inocencia tiene directa e íntima relación con la prueba, esta duda
se mantiene mientras no se desvirtúe con la aportación en contrario, resulta
discordante que sin proceso administrativo se considere a una persona responsable
de un hecho y peor aún, sin la práctica de la prueba con todas las garantías
constitucionales y legales” La Presunción de Inocencia, Principios Universales.”
(Rodríguez, 2000, p. 48).
Si la administración no demuestra un debido proceso, desde el momento de la
notificación con la citación, ello en acato a los preceptos adjetivos contemplados en la
Constitución y normas conexas; no se demuestra la materialidad o existencia de la infracción;
y por ende, tampoco existiría responsabilidad del presunto transgresor; peor aún si la prueba
no ha sido ventilada resulta nula y no puede ser practicada para lograr la infalibilidad de la
responsabilidad de una persona.
Según Huelin (1993) cuando el estado legisla y administra lo hace a través de un
procedimiento diferenciados, siendo actos simples y compuestos, que conllevan a un acto
definitivo de voluntad de la Administración, lo define Carnelutti como “el tipo de
combinación de actos cuyos efectos jurídicos están vinculados causalmente entre sí (p.90). ,
Existen alrededor de 36 cámaras y equipos sensores de fotoradar que captan y emiten
la captura de la infracción que se encuentra ubicados en autopista Cuenca - Azogues, Cuenca-
Tarqui, Cumbe – Loja, Tarqui- Girón – Pasaje, y Cuenca- Molleturo- Naranjal; estos equipos
deben estar homologados y calibrados por el ente rector en materia de movilidad previo a
determinar cualquier tipo de responsabilidad.
El acto formal que se requiere para el inicio del proceso administrativo, es la
notificación, mediante el cual se le comunica al acusado o presunto infractor el acto atípico
o antijurídico a fin que de forma oportuna, adecuada y legal pueda ejercer una defensa técnica
con el tiempo prudente y evitando angustias por quedarse en indefensión o impedimentos
para continuar con trámites habituales que queda supeditados previo al cumplimiento y
ejecución de la sanción.
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La notificación también está definida en el COGEP, como: “Es el acto por el cual se
pone en conocimiento de las partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o
aceptar un nombramiento expedido por la o el juzgador, todas las providencias judiciales.”
(Código Orgánico General de Procesos, 2018, p. 28) Por lo tanto, la notificación es un acto
netamente formal, a través de la cual, se hace conocer, a una determinada persona, la
notificación de una presunta infracción de tránsito no solo debe ser difundida a través de una
página web.
Según Resolución No. 098-DIR-2016-ANT, 2016 del Reglamento de homologación,
uso y validación de sistemas, dispositivos y equipos tecnológicos para la detección y
notificación de infracciones de tránsito en el Art. 3 lo siguiente: “(…) La detección de
infracciones por medios electrónicos es un proceso tecnológico que trasmitido por un sistema
de medios magnéticos, permite registrar automáticamente, con o sin intervención del Agente
de control de tránsito, en forma simultánea y con precisión, en imágenes fijas o videos de
hechos reales producidos, por uno o más vehículos de igual o diferente tipo y características,
el cometimiento de una infracción de tránsito determinada en él ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quedando constancia del hecho con los datos de fecha
y hora ciertos y determinados, el lugar donde se produjeron, el vehículo infractor, las
condiciones en las que se encontraba el mismo y más detalles que permiten a la autoridad de
tránsito, sus Agentes de control y autoridades judiciales, establecer las circunstancias y tipo
de infracción, conforme lo determina la normativa…”.
Para nuestro estudio el acto administrativo, nace cuando se comunica por un órgano
competente el asunto que incide en el ámbito de derechos y deberes del administrado,
únicamente surte efectos para él, cuando adquiera conocimiento del acto administrativo a
través de la notificación; esta es la condición para que genere efectos a los administrados
(Javier Méndez Álvarez et al., 2019).
El procedimiento administrativo, si bien constituye una garantía de los derechos de
los administrados, no agota en ello su función, también su objetivo es asegurar la pronta y
eficaz satisfacción del interés general mediante la adopción de las medidas y decisiones
necesarias por los órganos de la Administración, intérpretes de ese interés y, al propio tiempo,
parte del procedimiento y árbitro del mismo (Javier Méndez Álvarez et al., 2019).
Carencia de proceso de Apelación o Impugnación de las sanciones emitidas por la
Comisión de tránsito.
En el estado democrático el principio de “doble conforme” se materializa con la
posibilidad de revisar las actuaciones que constituyen decisiones que pueden o no acarrear
sanciones por parte de los funcionarios Públicos,
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En el Art 179 de la LOTTTSV se dispone, que los agentes entreguen físicamente la
boleta de contravención, caso contrario remitirán al domicilio del propietario del vehículo y
que puede ser notificadas por medios electrónicos y tecnológicos en un plazo máximo de 72
horas, se cuenta desde el cometimiento de la infracción; y con ello nace la siguiente
contradicción puesto que los términos solo pueden fijarse en días y los plazos en meses o en
años, siendo prohibido fijar términos y plazos en horas.
De acuerdo a lo expuesto, situación que queda a criterio de la autoridad Pública quien
resolverá la impugnación quedando a su criterio admitirla o inadmitirla siendo quien resuelve
si acoge plazo o termino, el artículo 238 ibídem dice:
“(…) Las contravenciones detectadas por medios electrónicos y/o tecnológicos
podrán ser notificadas por cualquier medio, incluidos de ser posible los medios
electrónicos y/o tecnológicos y podrán ser impugnadas en el término de tres días,
contados a partir de la notificación realizada por la Institución.” (Ley Orgánica de
Transporte Terrestre Transito y Se, 2016, p. 56).
A diferencia del Art. 644 del COIP, que dice: Inicio del procedimiento. - Son
susceptibles de procedimiento expedito todas las contravenciones de tránsito, flagrantes o no.
La persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito, dentro del término de tres as
contados a partir de la citación”, en el área penal se maneja plazo y sin embargo en proceso
administrativos la temporalidad se cuenta en días hábiles, la posibilidad de impugnar el acto
queda a criterio del juzgador.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la violación de
derechos del debido proceso, cuando se atenta la razonabilidad del plazo así: “el derecho de
acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo
razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por misma, una
violación de las garantías judiciales” (Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, 2008 27 de
noviembre de 2008, párrafo 154).
Esta observación resulta coincidente sobre los Derechos Humanos contenidos en el
número 8 del artículo 7 y el número 1 del artículo 8 de la Convención Americana, al referirse
sobre el “plazo razonable” reconocido adicionalmente en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos número 3 del artículo 9 que se refiere a la oportunidad como el “derecho
a ser juzgada dentro de un plazo razonable...”
Esta boleta debe incorporar el detalle de la contravención la tipificación y sanción al no
entregarse el administrado queda en total indefensión no se le notifica con fotografía ni se
detalla el sector del presunto cometimiento del hecho, al no existir procedimiento establecido
para reclamos en sede administrativa es obligando a acudir a la vía judicial, y debe presentar
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una copia certificada ante el Juez, previo el compareciente debe acudir a las instalaciones de
la Administración Pública para que se le entregue la citación sellada con fecha de impresión,
a pesar de que la boleta contiene una fecha de notificación al acudir el presunto responsable
se realiza otra reimpresión y se le sumilla fecha y hora para que el administrado pueda ejercer
el derecho al doble conforme.
La Corte Constitucional, (Sentencia No. 02S-09-SEP-CC, 2009) indicó que:
“… el derecho de tutela judicial efectiva, expedita e imparcial, es aquel por el cual
toda persona tiene la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a
través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una
decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas ... y concluye que la
efectividad en la tutela de los derechos no se traduce únicamente en la mera
construcción de un proceso, sino también en la respuesta oportuna y motivada sobre
las pretensiones requeridas al órgano jurisdiccional…”
Por lo tanto, al presunto infractor no se le otorga la oportunidad de ejercer la tutela
judicial efectiva, puesto que este se encuentra obligado a conseguir información de la
institución para ejercer su derecho a la defensa y quedando a voluntad de la entidad la emisión
de misma en treinta as laborables, el administrado pierde su derecho a solventar en la vía
judicial, y la respuesta siempre es en acato al principio de legalidad.
Para consignar el email para la notificación se realiza una declaración ante el ente
rector de la materia de movilidad, (Agencia Nacional de Tránsito), este último al no ser parte
procesal ni siquiera es convocado a la audiencia motivo para declarar una notificación
ineficaz y no idónea, el Reglamento manda una sanción pecuniaria y recalca la obligación
del propietario del vehículo que al momento de su matriculación y revisión anual debe
proporcionar una dirección de correo electrónico, igual obligación para sacar la licencia.
De conformidad a la normativa vigente existen dos clases para extender una citación
de tránsito la primera “insitu”, corresponde directamente entregar a los Agentes de tránsito
la citación personal, la segunda por medios electrónicos conforme lo dispone los artículos
237 y 238 Reglamento y se ingresan a un sistema informático pueden ser apeladas ante los
jueces según el Art. 644 inciso segundo COIP y Art. 238 del Reglamento.
La sentencia de la causa No.71-14-CN-19 se ha referido a lo concerniente a la manera
de notificar para evitar que se deje en indefensión a las personas, todos los funcionario
público, administrativo o judicial, están en la obligación constitucional de aplicar las normas
y de interpretarlas en el sentido que sea más favorable a su efectiva vigencia, tomando en
consideración, la jerarquía de las leyes y aunque la ley dispone que el juez juzgará en una
sola Audiencia pero esta autoridad no convoca y resuelve en mérito de lo incorporado por
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quien impugna y la administración avoca conocimiento de la sentencia sin posibilidad de
incorporar documento o realizar alegación.
Se encuentra contenido en nuestra Carta Magna el siguiente enunciado “Ninguna
norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías
constitucionales.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por lo que, enfatizamos
que en cualquier proceso que acarrea responsabilidad se origina con el acto fundamental de
notificación.
Lo expuesto en el párrafo anterior, guarda concordancia con lo dispuesto por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos asegura que “Toda persona tiene derecho
a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”, contenido que se
encuentra acogido en nuestra Constitución en el artículo 77 numeral 7 literal que indica: c)
“Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”, lo que jamás ocurre
en sede administrativa se impone la multa privando al administrado de este derecho.
Otro de los problemas presentados resulta en que la impugnación radica en la
jurisdicción y competencia, puesto que la sanción debía realizarse únicamente en la
jurisdicción del cometimiento de la infracción, lo que ocasiona gasto al administrado quien
debe desplazarse al lugar del presunto cometimiento del hecho para presentar su reclamo, se
presumiría que se solucionaría a partir del 10 de agosto de 2021.
Según el artículo 404 número 12 del COIP (reformado) establece: en las reglas de
la Competencia “Cuando se trate de contravenciones de tránsito que no impliquen pena
privativa de libertad , será competente la o el juzgador del domicilio del presunto infractor”
pero este principio de favorabilidad no es acogido por las autoridades judiciales, y dice “En
caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes
para un mismo hecho se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior
a la infracción”.
Lo expuesto con anterioridad, se encuentra relacionado al Art. 76 número 5 de la
norma suprema Haga clic o pulse aquí para escribir texto. que establece:
“En caso de conflicto de dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su
promulgación sea posterior a la infracción; en caso de duda sobre una norma que
contenga sanciones se aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.”
(p. 28)
El error ocasionado de los programas que realizan la notificación, nace con llamadas
a números de teléfono que no existen; por ende, no son atendidas favorablemente, sin
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embargo, consta una razón como legalmente notificado que como ya ha quedado sentado no
corresponde a una notificación valedera, al ser nula muchas personas pagan su multa y otras
acuden a la vía judicial, por esta razón es motivo suficiente para un análisis jurídico.
MÉTODO
El nivel de profundidad de este artículo es de carácter descriptivo - explicativo, para
determinar la problemática en la imposición de sanciones originados por contravenciones
captadas por medios tecnológicos de la Comisión de Tránsito de la provincia del Azuay,
se logró el alcance explicativo en base a varios datos obtenidos de otros autores que han
escrito sobre el tema, como también de la información fue levantada mediante la revisión
y el análisis de sentencias
El enfoque de la investigación es cuantitativo, puesto que se aplicaron encuestas
para el levantamiento de datos. Los métodos aplicados en esta investigación fueron el
analítico-sintético (Silvestrini Ruiz et al., 2008) y sostener las el método inductivo-
deductivo
RESULTADOS
Esta Investigación fue realizada con fines académicos, siendo analizadas 181
resoluciones de los jueces penales de este cantón, información obtenida de las Estadísticas
del Departamento de Citaciones y partes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Azuay
de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, para lo cual se utilizó preguntas cerradas
y con alternativas que determine los motivos de sustento legal para la emisión de la
resolución, se tiene como resultado inobservancia del principios de oportunidad, , plazo
razonable, imparcialidad e información oportuna; falta de notificación y de existir son
realizados de manera indebida, se resume en la inobservancia de las letras a), b) c) y h)
contenidas en el número 7 el artículo 76, de la Constitución: “a) Nadie podrá ser privado
del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; b) Contar con el
tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en el
momento oportuno y en igualdad de condiciones; y, h) Presentar en forma verbal o escrita
las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras
partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”.
Sin citación nace la nulidad del proceso, pues se priva de la defensa; lo mismo ocurre
si se emite la boleta, pero no se le permite ejercer su defensa, no se le da la posibilidad de
ser escuchado, es decir no existe “derecho de contradicción.
Las sentencias analizadas corresponden al total de 181 resoluciones de los meses febrero,
marzo y abril de 2021.